El gobierno nacional expidió el 9 de septiembre de 2026 tres decretos dirigidos al sector educativo para atender la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto. El Decreto 1386 autoriza a 47 Entidades Territoriales Certificadas en Educación a prestar el servicio educativo en espacios alternativos a las sedes oficiales, siempre que sean seguros para el aprendizaje, incluso fuera de establecimientos con reconocimiento oficial. El Decreto 1387 suspende temporalmente los resultados del proceso de auditoría de matrícula del SIMAT para evitar que las dificultades en recolección de documentos afecten los recursos del Sistema General de Participaciones. El Decreto 1388 permite reorganizar o reprogramar las semanas de trabajo académico en los calendarios escolares hasta el 31 de diciembre de 2026. Según datos del Ministerio de Educación con corte al 3 de septiembre, 5.309 sedes educativas resultaron afectadas en 423 municipios de 16 departamentos, con una matrícula impactada de 1.147.369 estudiantes. Las medidas buscan garantizar la continuidad del derecho a la educación durante la vigencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.